Página 84 del número 216, de mayo de 2014

84 y 86 opi eco.qxp_maqueta consis 16/04/14 17:00 Página 1 84 opinión Agotamiento de nuestro Estado de Bienestar C uando, a principios del siglo pasado, Beatrice Webb defendía un Estado justo y protector que pusiera en funcionamiento sus servicios públicos a favor de las personas, lo hacía después de observar las durísimas condiciones de vida en el Londres de finales del siglo XIX y que todos conocemos por las novelas de Dickens. Y una de sus principales conclusiones fue que la solución a esas durísimas condiciones de vida pasaba por trasformar la sociedad radicalmente por medio de la implantación de una educación adecuada, de ofrecer la posibilidad de acceder a viviendas dignas y de proporcionar unas condiciones sanitarias mínimas. Para lograr esos objetivos, propuso la creación de un ?estándar mínimo de vida civilizada? con un sistema de seguridad social que abarcara desde el nacimiento a la muerte de las personas e incluyera un sistema de pensiones de ancianidad, una provisión presupuestaria para el alivio médico que fuese administrada por las autoridades públicas sanitarias y un programa contra el desempleo. Todo esto sólo lo podrían llevar a cabo las instituciones públicas de un Estado potente y debería ser finan- TERESA HERNÁNDEZ TOCINO Economista ciado por ingresos públicos. Había que abandonar la caridad victoriana que atraía más pobreza donde ya la había y asumir un nuevo principio, el de la solidaridad. Este paso de la caridad a la solidaridad, de la beneficencia a los servicios sociales fue, indudablemente, un avance fundamental para la aparición de lo que conocemos por Estado de Bienestar. Políticas económicas Desde entonces, los Estados han ido aplicando diferentes políticas económicas con distintos grados de implicación entre unos y otros para conseguir ese fin, lo que ha originado unos resultados muy diferentes entre ellos. En nuestro país, ese desarrollo ha sido mínimo. Eso, unido a la grave crisis financiera que estamos padeciendo y que ha originado una drástica disminución de los recursos públicos destinados a los gastos sociales a favor de la ayuda al sistema financiero, está provocando una grave desprotección de los ciudadanos, mientras que la repercusión es mucho menor en aquellos países que apostaron por un Estado social más amplio. No tenemos más que observar nuestro entorno más cercano, Europa, para comprobar esos distintos niveles de protección. Así, países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Países Bajos han aplicado el principio de la universalidad para todos sus ciudadanos a fin de instrumentalizar de manera eficaz las medidas sociales y han conseguido un nivel muy alto de protección social nada comparable con el de España. Uno de sus pilares fundamentales fue la implantación de políticas activas de empleo (Suecia las aplicó ya en los años 60), orientadas tanto a los trabajadores como a los desempleados. Las primeras para mejorar las cualificaciones y las oportunidades de los trabajadores y así afianzar el empleo y, las segundas, pero no menos importantes, dirigidas a desarrollar los estímulos adecuados para que la población inactiva pase, en el menor tiempo posible, a población activa. En nuestro país, aunque es cierto que comenzaron a aplicarse a mediados de los 80 como respuesta al desempleo estructural que crecía de forma alarmante, no hemos sido capaces de obtener buenos resultados hasta el punto que, en épocas de crecimiento económico elevado, los niveles de Nº 216 MAY?14 desempleo no han bajado del 8% y en momentos de crisis como los actuales se ha disparado a cuotas intolerables de más del 26%, mientras que las tasas de desempleo de los países nórdicos, a enero de 2014, oscilan desde el 3,6% de Noruega al 8,2 % de Suecia. No hemos sabido adecuar la formación a las profesiones demandadas por el mercado de trabajo y tampoco hemos sido capaces de ver la importancia que tiene para mejorar las perspectivas de los trabajadores hasta el punto que los cursos de formación profesional, con la excepción de algunos organizados para sus trabajadores por grandes empresas, han sido casi siempre ineficaces ya que en los procesos de selección de personal sólo excepcionalmente se considera como un mérito que un candidato los haya cursado. Burocracias Además, últimamente estamos conociendo por la Prensa cómo parte de los fondos destinados a estas actuaciones han ido a parar a aquéllos que, precisamente, tenían que llevarlas a cabo, la Fundación Tripartita, constituyendo estos fondos, en la práctica, un mecanismo de financiación indirecta de las burocracias patronales y sindicales. A todo esto hay que añadir el drástico recorte presupuestario para estas políticas. Entre 2008-2011 se destinaron más de 30.000 millones de euros, 7.000 sólo en 2011 y han quedado reducidos en 2013 a 3.803 millones de euros, procedentes de la cuota de forma-