Página 5 del número 156, de mayo de 2009

pag3-5 20/4/09 16:48 Página 3 ?Para las empresas con dificultades de tesorería en general, vamos a facilitar y simplificar la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias con la hacienda de la Comunidad? grupo específico en el ámbito del Diálogo Social. A nadie se le oculta que, desde hace unos meses, la situación es extremadamente complicada en la industria automovilística a nivel mundial. Por eso, la Junta de Castilla y León, que siempre ha apoyado a la automoción, ha intensificado el diálogo y el trabajo con los representantes del sector en busca de las mejores soluciones. Lo que nos permitía, el pasado día 6 de marzo, presentar públicamente el Plan Industrial de la Automoción de Castilla y León, con una dotación superior a 411 millones de euros. El Plan se despliega en dos tipos de objetivos: el corto plazo, para atender los problemas más acuciantes; y el medio y largo plazo, para apostar por el futuro, y contribuir a aumentar la competitividad y la viabilidad de este sector. concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias con la hacienda de la Comunidad. Este objetivo estará en marcha antes de finalizar el mes de abril. Séptimo, vamos a insistir en negociar con el Gobierno de la Nación la financiación para Castilla y León de un Plan Especial de Empleo similar a los que ya ha aprobado para las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias o Galicia. Los fondos asociados a este Plan irían destinados, fundamentalmente, a formación de los parados con peores perspectivas de empleabilidad, mejorando sus oportunidades y aumentando su productividad en el momento en que puedan acceder a un nuevo puesto de trabajo. Y en octavo lugar, los 125 millones asignados, en este ejercicio, al Plan de Convergencia Interior. Sector financiero Nuevas medidas Pero además de impulsar el desarrollo y, en su caso, la adaptación de las medidas ya aprobadas, vamos a introducir, también, medidas nuevas. Permítanme que les adelante ahora algunas de ellas. En primer lugar, medidas de carácter social. Es intención de la Junta que, antes del próximo 30 de julio, esté aprobado el Decreto que regule el derecho a la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León. Su objetivo será ofrecer una protección básica a los más perjudicados por la situación de crisis. En segundo lugar, habrá nuevas medidas económicas, orientadas a algunas de las necesidades que hoy son más acuciantes: las del sector de la construcción, las empresas con dificultades de tesorería, los parados con menores perspectivas de acceder a un empleo, y el extenso medio rural de Castilla y León. Primero, en relación con el parque de 30.000 viviendas libres vacías que actualmente existen en Castilla y León, y que estimamos tienen un valor de 5.250 millones de euros, vamos a proponer la suscripción de un gran acuerdo con promotores, sindicatos, entidades financieras, notarios y registradores con el objetivo de movilizar dicho parque, facilitando mecanismos para su transformación en viviendas protegidas, una vez que exista acuerdo entre promotor y comprador, y cumpliendo éste los requisitos para el acceso a la vivienda protegida. Segundo, en los procedimientos de licitación de obras vamos a eliminar la exigencia de avales provisionales o de otras garantías provisionales en todos aquellos supuestos en que la Ley lo permite. Tercero, también para la construcción vamos a agilizar la devolución de los avales presentados por parte de las empresas adjudicatarias, una vez finalizadas las obras. Cuarto, vamos a estudiar fórmulas de apoyo financiero que permitan a las empresas de la construcción tener liquidez en relación con el acopio de materiales y otros gastos previos al inicio de cada obra. Quinto, vamos a suscribir con las entidades financieras un convenio por medio del cual las empresas de la construcción podrán percibir el importe de la obra que vayan realizando para la Administración de la Comunidad desde el momento de su certificación. De esta manera aumentará la liquidez de estas empresas, al no tener que esperar los 60 días que, como máximo, la Administración tiene de plazo para tramitar los pagos. Sexto, para las empresas con dificultades de tesorería en general, vamos a facilitar y simplificar la Nº Mayo Respecto al sector financiero regional, el 3 de febrero pasado, las Cortes Regionales fueron escenario de la firma de un gran Acuerdo político y social a favor de la integración de nuestras Cajas. Compartimos la evidencia de cuál es el camino más sólido por el que estas entidades deben transitar para escribir su futuro. Así lo ha reiterado, además, el propio Banco de España. Castilla y León necesita contar con un sistema financiero potente, competitivo y comprometido con su interés general. Lo necesitaba antes de la crisis, y lo necesita, con más razón aún, en estos momentos. Y lo necesitan también las propias Cajas, que son conscientes de sus dificultades y caída de resultados. Su viabilidad exige que reduzcan su actual dependencia del sector inmobiliario, que diversifiquen su actividad y que se doten de mayor capacidad de acceso a fondos de financiación. Para favorecer este proceso, y en cumplimiento del programa de Gobierno, debemos poner en marcha una reforma de la normativa reguladora del sistema financiero regional, con dos objetivos principales. Uno, profesionalizar los órganos de gobierno, manteniendo su representatividad y democratización. Y dos, reforzar la supervisión de estas entidades, contribuyendo a evitar una excesiva concentración de riesgos en determinados sectores y favoreciendo la diversificación de su actividad hacia áreas de futuro como la banca de empresa, la banca privada o la banca por Internet. Entendemos que esta reforma debe apoyarse en los sólidos acuerdos que hemos sido capaces de alcanzar en esta materia. En los últimos años, Castilla y León ha demostrado su capacidad para avanzar por el camino del progreso. Nuestra convergencia con Europa ha sido constante. Hace tan sólo un año logramos situar el desempleo en las menores tasas de los últimos 30 años. La modernización de nuestra Comunidad en todos los sectores productivos ha sido evidente. Recuperar el paso firme en esta senda dependerá en buena parte del contexto internacional, y del acierto de la política económica en España. Pero también depende de nosotros en la medida de nuestras responsabilidades, a cuyo fin la Junta quiere dar todo para garantizar el mejor futuro de nuestro proyecto colectivo. Si somos capaces de aportar, cada uno, lo mejor que tenemos, y de hacerlo con sacrificio, generosidad, solidaridad y rigor, no me cabe la menor duda de que recuperaremos esa senda del crecimiento, y de que Castilla y León, además, saldrá reforzada de este envite. 156 2009