Página 3 del número 124, de septiembre de 2006

pg.3 4/8/06 08:17 Página 1 OPINION Mejor que la novela negra spaña se ha convertido en un escenario propio de una novela negra muy al estilo de Dashiell Hammet o Raymond Chandler, con una trama que salta de Marbella a Seseña e incluso a algunos pueblos del alfoz de las capitales de provincia de Castilla y León, aunque en esta yerma tierra los casos no alcanzan la gravedad de otras latitudes costeras. Política, corrupción, especulaciones urbanísticas, compra de voluntades, dinero negro, promociones ilegales, financiación de partidos o constructores sin escrúpulos han llenado, y llenarán, las páginas de la Prensa con tal intensidad durante los últimos meses que es muy difícil concentrarse en la lectura de un libro de crímenes y misterios, aunque esté escrito por la mismísima Patricia Highsmit. La actualidad ofrece un argumento más fresco y rocambolesco, y como casi Alberto Cagigas siempre en esta vida, la realidad supera a la ficción. acagigas@castillayleoneconomica.es Es imposible analizar en este reducido espacio las causas de una corrupción casi institucionalizada en algunas zonas de la geografía española, pero quiero destacar una: la gestión del suelo y de los planes urbanísticos recae sobre la administración más débil, como son los ayuntamientos. Hagamos un poco de historia, con la implantación de la democracia se ejecutó una progresiva transferencia de las competencias estatales a las autonomías y se dejó en suspenso un proceso denominado segunda descentralización, que debía articular el traspaso de funciones y recursos económicos a las administraciones locales gracias al Pacto Local. Sin embargo, con la nueva legislatura y la renovada voracidad de los Gobiernos autonómicos con la reforma de sus estatutos para captar más poder y dinero, las reivindicaciones de los consistorios han quedado relegadas a un segundo plano. Siguen asumiendo competencias y servicios que les son impropios, porque al fin y al cabo son las administraciones más cercanas al ciudadano y las que antes deben dar respuesta a sus necesidades, pero a cambio no obtienen una financiación acorde con esos gastos. La situación se ha agravado en los últimos años con medidas como la reforma del IAE, de forma que el peso de los ingresos tributarios de los ayuntamientos se ha reducido diez puntos desde 1984 hasta 2003, según datos que maneja el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Y de dónde tiran los entes locales, ya de por sí muy endeudados, para obtener recursos y poder sacar adelante sus presupuestos? Pues del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de los tributos relacionados con la vivienda, que en algunos de los mayores ayuntamientos de España llegan a generar casi el 50% de sus arcas. ¿Le interesa a un consistorio un crecimiento afiebrado del suelo urbanizable y un aumento en el precio de los pisos? Pues claro, dado que a la par aumenta su bolsillo. Incluso hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la normativa española incentiva la especulación del suelo ya que esas revalorizaciones inciden directamente en los ingresos tanto de las Administraciones autónomas, con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como de las locales, con el citado IBI. La deficitaria financiación de los ayuntamientos, la falta de un organismo que controle eficazmente el fraude inmobiliario o la benevolencia del castigo al que incumple la ley (apenas hay demoliciones de viviendas ilegales) son problemas estructurales que conviene abordar cuanto antes para que este país no se convierta en el reino de la corrupción, donde políticos y empresarios con una ética relajada se enriquecen con un bien como ?una vivienda digna?, a la que todos los españoles tienen derecho según reza la Constitución española, cuyo artículo 47 añade: ?los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos?. Sobre el papel, perfecto; pero la práctica es otra. Como dijo uno de los implicados en el caso Malaya -al que esta región aporta varios acusados-: ?de la cárcel se sale; de la pobreza, no?. O si prefieren una cita de alguien más ilustre, el sociólogo Herbert Spencer ya apuntó de forma premonitoria: ?nuestro modo de enriquecernos requiere de una cierta imbecilidad moral y bastante policía?. E Director Alberto Cagigas Directora Comercial Luisa Alcalde Departamento Comercial Juana Daldea Víctor García Diseño Gráfico Marta Higuera Corresponsales Ávila Antonio Mayoral Burgos César Presto León Nuria González Palencia Alberto Abascal Salamanca Elena Cordero Segovia Fernando Aranguren Soria Saturio Ugarte Zamora Óscar Alonso Motor Santiago Garnica Fotografía Ana Rodríguez de la Vega Consejo Editorial Roberto Escudero, Francisco Ledesma, José Andrés Lorenzo, Juan Carlos de Margarida, Victoriano Martín, Olga Ogando, José del Ojo, José Ramón Perán, Carlos Sánchez-Reyes, Antonio de Santiago, José Miguel Useros Edita EDICIONES LA MESETA S.L. 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