Página 3 del número 110, de julio de 2005
OPINIÓN Director Alberto Cagigas Directora Comercial Luisa Alcalde Departamento Comercial Juana Daldea Víctor García Diseño Gráfico Marta Higuera Corresponsales Ávila Antonio Mayoral Burgos César Presto León Nuria González Palencia Alberto Abascal Salamanca Elena Cordero Segovia Fernando Aranguren Soria Saturio Ugarte Zamora Óscar Alonso Motor Santiago Garnica Fotografía Ana Rodríguez de la Vega Consejo Editorial Roberto Escudero, Francisco Ledesma, José Andrés Lorenzo, Juan Carlos de Margarida, Victoriano Martín, Olga Ogando, José del Ojo, José Ramón Perán, Carlos Sánchez-Reyes, Antonio de Santiago, José Miguel Useros Edita EDICIONES LA MESETA S.L. C/ Miguel de Unamuno, 96 47008 Valladolid Telf: 983 01 81 81 Fax: 983 01 81 82 Correo electrónico redaccion@castillayleoneconomica.es Suscripciones Telf: 983 01 81 81 Web www.castillayleoneconomica.es Imprime Gráficas Calima Depósito Legal VA-247-1996 ISSN 1136-3096 Ingeniería financiera pública L a Ley de Murphy - ya saben, si algo puede salir mal, saldrá mal- se está aplicando con toda crudeza en la UE para infortunio de los intereses de Castilla y León. Con una Constitución agonizante, una ampliación por digerir y unos ministros que sólo se ponen de acuerdo para fijar la hora del almuerzo, porque en los aspectos presupuestarios únicamente miran por sus intereses particulares, será muy difícil defender que nuestra región se beneficie de un período transitorio en el programa comunitario 20072013 para que no nos cierren del todo el grifo de los fondos estructurales. Intuyo que nuestros políticos ya empiezan a trabajar en el peor de los escenarios posibles: recorte drástico de las subvenciones, pero con la exigencia de mantener el déficit cero, tal como obliga el Pacto de Estabilidad -a no ser que Solbes relaje la vigilancia por la presión de los nacionalistas ávidos de más recursos-. De ahí que en los dos últimos años la Junta de Castilla y León se haya animado a diseñar una ingeniería financiera para cuadrar el círculo. El último modelo anunciado ha sido la concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo hospital de Burgos. De esta forma, una adjudicataria levantará el centro hospitalario y las zonas comerciales a cambio de una concesión por 30 años. Este sistema ya se ha aplicado en otras comunidades autónomas, sobre todo en Madrid, y ha demostrado su eficacia para implicar a la inversión privada en los servicios públicos, sin que se resientan las cuentas de las administraciones. El proyecto del Hospital de Burgos se une a otras fórmulas ya empleadas por el Gobierno regional, como la Autovía Valladolid-Segovia, que con un coste superior a los 190 millones de euros se ejecuta con una financiación fuera de los presupuestos a través del sistema denominado peaje en sombra, donde la Junta pagará un canon a la empresa concesionaria de la obra según el número de vehículos que utiliza esa infraestructura. Otras medidas para obtener más ingresos están en estudio, como el céntimo sanitario adelantado por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con el que pretende aplicar un impuesto de 2,4 céntimos de euro por litro de carburante para sufragar la asistencia sanitaria. Estas iniciativas son pioneras en estos pagos, pero ya se están desarrollando en otras regiones, con la consiguiente polémica porque a nadie le gusta pagar más tasas indirectas. La Junta de Castilla y León cuenta en 2005 con un presupuesto superior a los 8.553 millones de euros -es la mayor empresa de la región-, de los que 1.337 millones de euros son inversión directa. Pero todo parece indicar que estos recursos son escasos para atender las necesidades de nuestra comunidad autónoma en áreas como las infraestructuras, la sanidad o la educación, por lo que ya en este ejercicio afronta un endeudamiento por 340 millones de euros. Como esas cantidades son insuficientes, en el futuro la Administración regional se Nº 110 Julio 2005 Alberto Cagigas acagigas@castillayleoneconomica.es verá obligada a aprobar nuevos modelos de financiación para los proyectos públicos. Ante este nuevo panorama, a las empresas se les abre un atractivo mercado, sobre todo a las constructoras y compañías de servicios, si son capaces de financiar los proyectos de las administraciones para aumentar las infraestructuras y mejorar los servicios sociales. Por eso, nos encontramos ante un negocio emergente, porque 2007 está a la vuelta de la esquina y nuestra región puede quedarse sin el maná de Bruselas. En ese caso, la Junta se verá obligada a implicar con más frecuencia a la inversión privada en el desarrollo social y económico de esta tierra. De momento, la Ley de Murphy se aplica inexorablemente en la UE, donde los políticos se esfuerzan por demostrarnos uno de sus corolarios: si existe la posibilidad de que varias cosas vayan mal, la que cause más perjuicio será la que salga adelante. 3
